Tras la ratificación de México y Uruguay, entró en vigencia el pasado sábado la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, la primera del Sistema Interamericano y segunda en el mundo en proteger al colectivo LGBT+. La norma había sido aprobada por los Estados miembro de la OEA en junio de 2013 en Guatemala y firmada por nuestro país en ese contexto. De todos modos aún resta la ratificación del parlamento argentino, por medio de la aprobación de una ley al respecto.
Las Convenciones interamericanas de Derechos Humanos constituyen herramientas indispensables para la vigencia y defensa de los derechos humanos de las y los habitantes de todo nuestro continente. La primera de ellas, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, fue suscripta en 1969 y buscó comprometer a los Estados partes a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Este antecedente marcó un antes y un después en materia de derechos y garantías en todo el continente, y dotó a las y los ciudadanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a fin de hacer pleno ejercicio de los principios protegidos en la misma. Es así que se crean por medio de la misma la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos que llevan adelante una tarea extraordinaria para la preservación de la paz, las libertades individuales y los intereses colectivos y democráticos de la región. Por supuesto que, con el paso del tiempo y los avances sociales en materia de igualdad, diversas han sido las temáticas incorporadas al debate público de los organismos continentales, y esos debates han dado paso a nuevas Convenciones que complementan el camino iniciado hace décadas. Tal es el caso de la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia (que se adjunta al presente proyecto como parte integrante del mismo) que explicita el compromiso de los Estados parte en la lucha contra toda forma de discriminación, incluyendo aquella basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género, lo que constituye un salto cualitativo enorme en esta materia. En este sentido, ésta Convención se ha convertido en la primera de las Interamericanas, y segunda en el mundo, que incluye al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y otras orientaciones e identidades de género no normativas, entre las categorías protegidas. El Estado argentino suscribió ésta norma en junio de 2013, horas después de ser aprobada por la Asamblea de la OEA, pero aún espera la ratificación parlamentaria por medio de una ley del Congreso, lo que le otorgaría rango Constitucional. Al respecto Esteban Paulón, Director Ejecutivo del IPP LGBT+ expresó "es una gran alegría que, tras la ratificación de México y Uruguay, haya entrado en vigencia la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, aprobada en 2013 por la OEA fruto del enorme trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, y que tuvo que sortear una férrea resistencia de grupos anti derechos, principalmente vinculados al fundamentalismo evangélico." Asimismo agregó "esta es la primera Convención Interamericana que incluye al colectivo LGBT+ entre los grupos protegidos y constituye un salto enorme en materia de derechos humanos dentro del Sistema Interamericano, ya que les dotará de nuevas herramientas que potenciarán el trabajo extraordinario ya realizado. Basta recordar la Opinión Consultiva 24 que, ante la presentación del Estado de Costa Rica, instó a todos los gobiernos de América a legalizar el Matrimonio Igualitario y el reconocimiento de la identidad de género de las personas trans. Hoy, gracias a ella, países como Ecuador han avanzado fuertemente en estas materias a pesar de la oposición de sectores gubernamentales y sociales internos." Para finalizar concluyó "el Congreso debe ratificar urgentemente esta Convención para dotarla de rango Constitucional. Y debe aprobar la nueva ley de prevención y sanción de actos discriminatorios que impulsa la FALGBT desde 2007, y que haría operativos todos los principios de este instrumento internacional, poniendo nuevamente a Argentina entre las naciones más avanzadas en materia de vigencia y protección de los derechos humanos para todas y todos."